Bajo el fuego de los drones y el crimen organizado
A través de un pronunciamiento urgente dirigido a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional, los pueblos originarios de la Montaña Baja de Guerrero alzaron la voz para alertar sobre lo que calificaron como una campaña de aniquilación en su territorio. Las comunidades denunciaron una serie de embates armados ocurridos entre el 6 y el 12 de mayo, ejecutados por la organización delictiva conocida como Los Ardillos en las localidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, pertenecientes al municipio de Chilapa de Álvarez. De acuerdo con los testimonios, los agresores emplearon armamento de alta potencia y artefactos explosivos lanzados desde drones, una ofensiva que forzó el éxodo de más de 2 mil habitantes de la región.
Articulación comunitaria ante la complicidad institucional
Frente a la crisis humanitaria, la población civil se agrupó bajo el respaldo del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC)-Pueblos Fundadores. Valiéndose de sus derechos constitucionales de autonomía y libre determinación, las autoridades comunitarias demandaron de manera enérgica el desmantelamiento de Los Ardillos. Asimismo, exigieron indagar los nexos de este grupo con los gobiernos locales de un vasto corredor geográfico que abarca demarcaciones como Chilapa, Quechultenango, Tixtla, Chilpancingo, Acapulco y Ahuacuotzingo, entre otros municipios donde la célula criminal ejerce el control de forma impune.
Rechazo a la militarización y propuesta de seguridad estratégica
Dentro de su pliego petitorio, las asambleas indígenas manifestaron una postura firme de rechazo ante el intento de establecer campamentos del Ejército Mexicano en las áreas recreativas y de deliberación pública de Alcozacán. En contrapropuesta, plantearon el diseño concertado de cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales que vigilen de manera estratégica las carreteras y accesos de la zona para contener los ataques. En el plano administrativo, reclamaron que las partidas presupuestales del Ramo 33 sean transferidas de forma directa a los pueblos, argumentando que las alcaldías suelen desviar dichos fondos hacia sectores dominados por la delincuencia.
Infraestructura básica e inclusión financiera contra el aislamiento
La falta de servicios elementales agrava el estado de indefensión de los habitantes de la Montaña Baja. Por ello, la comunidad exige la edificación de una clínica médica equipada, la apertura de un plantel de bachillerato con plantilla docente completa y la consolidación de un mercado local, un proyecto mercantil que acumula cuatro años de retraso. Adicionalmente, urgieron la instalación de una sucursal del Banco del Bienestar en su entorno para evitar los cobros de apoyos gubernamentales en Chilapa, un trayecto donde los pobladores se exponen de forma constante a emboscadas y secuestros.
Reparación del daño y fortalecimiento de la red de resistencia
La demanda de justicia contempla el resarcimiento integral y apoyos económicos para las familias de 81 personas ejecutadas y 25 que permanecen desaparecidas en la zona, así como la reactivación plena de las medidas del Mecanismo de Protección para activistas de derechos humanos. También se solicitó el ingreso a los padrones de la Comisión Nacional de Vivienda y equipamiento tecnológico para su radio comunitaria mediante torres de transmisión y 80 dispositivos de radiocomunicación para blindar la seguridad vecinal. Finalmente, los líderes nahuas desmintieron los comunicados oficiales que afirman un regreso seguro de las familias, asegurando que localidades como Tula de Guerrero se encuentran en el abandono absoluto, por lo que sentenciaron que mantendrán la resistencia civil para proteger sus vidas y su territorio.
