El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (SG), anunció este miércoles la conclusión definitiva del proceso de reparación para las familias afectadas por el incidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico. El siniestro, registrado en diciembre pasado en las inmediaciones de Salina Cruz, activó un despliegue institucional que, según el reporte oficial, ha logrado atender al 100 por ciento de las personas que iniciaron el trámite de resarcimiento de daños.
Un enfoque humanista más allá de lo económico
La dependencia enfatizó que la estrategia implementada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se limitó a la entrega de recursos financieros. El modelo de reparación integral incluyó un esquema de atención médica especializada continua, soporte psicológico permanente y asesoría jurídica integral. De acuerdo con el comunicado, las acciones buscaron dignificar a las víctimas mediante un trato humano y cercano, reconociendo el impacto profundo que el suceso tuvo en los proyectos de vida de los involucrados.
Confidencialidad y estándares internacionales en las compensaciones
En cuanto a los montos erogados para las indemnizaciones, la Secretaría de Gobernación puntualizó que estos se mantienen bajo reserva pública para proteger la privacidad y seguridad de las familias, siguiendo su propia petición. No obstante, la autoridad aseguró que cada pago cumple rigurosamente con los marcos legales nacionales e internacionales, garantizando que la compensación sea proporcional, suficiente y digna para cada caso particular atendido por el Estado.
Coordinación institucional sin precedentes en el Istmo
El éxito de este proceso se atribuye a una colaboración interinstitucional coordinada por la SG, en la que participaron organismos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. También sumaron esfuerzos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el gobierno de Oaxaca, permitiendo una gestión ágil de los expedientes y la cobertura total de las necesidades de salud y acompañamiento legal necesarias para cerrar este capítulo de justicia.
Alcance nacional e internacional en la atención a damnificados
Para asegurar que la distancia geográfica no fuera una barrera, el Estado mexicano desplegó a 236 servidores públicos encargados de brindar atención personalizada. Este equipo operó no solo en diversas entidades de la República, sino que también extendió sus labores al extranjero para localizar y asistir a familiares de las víctimas. Con estas acciones, el Gobierno Federal reafirma su compromiso con la verdad y la justicia, dando por cumplida su responsabilidad administrativa y ética ante los hechos ocurridos en la infraestructura ferroviaria de Salina Cruz.
