Manotazo a la Retroactividad: Sheinbaum Frena el Albazo en Ley de Amparo y Exige Respeto al Artículo 14 Constitucional

El Gobierno de México reiteró de manera categórica que no está a favor de ningún tipo de retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo, aprobada el 2 de octubre en el Senado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el Ejecutivo Federal no impulsa ni avala actos contrarios a la Constitución, la cual, en su Artículo 14, establece la prohibición de la retroactividad.

Arturo Zaldívar Llama a Clarificar el Transitorio Polémico

Para explicar el posicionamiento de la administración y abordar el intenso debate generado, la Presidenta solicitó la intervención de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno.

Zaldívar Lelo de Larrea sugirió, en un diálogo constructivo con el Poder Legislativo, clarificar el Artículo Primero Transitorio del proyecto de decreto, que había generado alarma entre la oposición por su posible efecto retroactivo en perjuicio de juicios en curso.

"La Presidenta tiene razón en ser muy enfática que en este Gobierno no se impulsan ni se avalan, ni leyes ni actos contrarios a la Constitución, y que no hay cabida aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna", puntualizó Zaldívar.

Propuestas para Garantizar la Legalidad y Evitar Conflictos

Para darle claridad al artículo y eliminar cualquier ambigüedad legal, Zaldívar propuso las siguientes adecuaciones y precisiones:

1. Naturaleza Procesal: Establecer que la Ley de Amparo es una ley procesal, buscando un "efecto pedagógico" para su entendimiento.
2. Respeto a Etapas Concluidas: Prever con claridad contundente que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación.
3. Aplicación Prospectiva: Aclarar, en concordancia con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que solo las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto se regirán por las nuevas disposiciones. Es decir, "las etapas anteriores a la entrada en vigor de la reforma no se tocan".

Con estas medidas, el Gobierno busca que la reforma solamente opere hacia el futuro, agilizando el juicio de amparo y aprovechando sus ventajas sin afectar derechos adquiridos.