Histórico cambio de criterio jurisprudencial en el Pleno de la SCJN
En una decisión que marca un giro radical en la política financiera del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, intervención del Ministerio Público o solicitud de un gobierno extranjero. Este nuevo criterio permite actuar de manera inmediata ante indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo detectados en territorio nacional. Con una votación de seis contra tres, el Pleno declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, definiendo el bloqueo no como una sanción punitiva, sino como una medida cautelar administrativa esencial para proteger la integridad del sistema económico mexicano.
Impacto financiero y fin del "desbloqueo masivo" de recursos
Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama defendió la urgencia de este cambio, revelando que los criterios establecidos por las integraciones anteriores de la Corte facilitaron que, entre 2018 y 2025, se liberaran cuentas que sumaban más de 32 mil millones de pesos. Batres señaló que, en años pasados, el 77 por ciento de los amparos promovidos por personas bloqueadas resultaron a favor de los solicitantes, simplemente porque el bloqueo no provenía de una instancia internacional. Con la nueva resolución, se busca frenar la evasión de capitales bajo sospecha de procedencia ilícita, priorizando el fondo de las investigaciones financieras sobre las formalidades de origen extranjero.
Debate sobre seguridad jurídica y soberanía nacional
El fallo generó un intenso intercambio de posturas entre los ministros. Mientras que la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió sobre el riesgo de sacrificar la seguridad jurídica y otorgar facultades "abiertas" que podrían derivar en abusos, la ministra María Estela Ríos González sostuvo que supeditar el bloqueo a una petición externa vulneraba la soberanía del país. Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que la velocidad actual del sistema financiero digital exige herramientas ágiles para combatir a la delincuencia organizada, asegurando que la medida no afectará a los usuarios comunes, sino a quienes presenten operaciones inusuales y fuera de la norma.
Revocación de amparos y precedentes en el combate al crimen organizado
Como resultado directo de esta nueva interpretación, el Pleno dejó sin efectos las jurisprudencias que anteriormente exigían el requerimiento expreso de autoridades internacionales. Bajo esta lógica, la Corte negó el amparo a la empresa estadounidense Fresh Packing Corporation, vinculada a Vicente Zambada Zazueta, presunto familiar de Ismael “El Mayo” Zambada. La compañía, que permanecía en la Lista de Personas Bloqueadas desde 2020 por supuestos nexos con actividades ilícitas, no logró descongelar sus activos, consolidando el criterio de que el derecho de audiencia posterior al bloqueo es garantía suficiente para preservar el debido proceso sin obstaculizar la acción preventiva del Estado.
