El máximo tribunal discutirá la validez de las facultades de inteligencia fiscal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para un debate trascendental que definirá el alcance de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la fiscalización de grandes capitales. El próximo 9 de abril, el Pleno discutirá un proyecto que propone dejar intacta la facultad de la UIF para acceder a información patrimonial y financiera de particulares y empresas sin autorización judicial previa. El asunto llega al alto tribunal tras un amparo promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien buscaba invalidar el acceso de las autoridades a sus movimientos bancarios de la última década, solicitados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tras las revelaciones periodísticas de los Pandora Papers.
Improcedencia del amparo: El argumento técnico del ministro Figueroa Mejía
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, plantea un giro jurídico al proponer el sobreseimiento del juicio; es decir, concluirlo sin entrar al estudio de fondo sobre la constitucionalidad de las leyes impugnadas. La propuesta sostiene que el dueño de Grupo Salinas carece de interés jurídico para combatir la solicitud de información, ya que este acto constituye una comunicación inicial entre autoridades que no genera, por sí misma, una afectación real o inmediata en su esfera legal. El documento enfatiza que el análisis de datos no implica sanciones automáticas ni el bloqueo de cuentas, y que el conocimiento de dicho proceso a través de filtraciones de prensa no constituye un perjuicio actual que justifique la protección de la justicia federal.
Blindaje a la normativa de prevención de lavado de dinero
De aprobarse la propuesta por mayoría simple, los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores, permanecerán plenamente vigentes. Estas normas son las que facultan a las autoridades hacendarias para supervisar transacciones en aras de prevenir delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Al no pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de estos preceptos, la Corte preservaría las herramientas de investigación del Estado mexicano, permitiendo que la UIF continúe el análisis de la información financiera de Salinas Pliego y otros 78 empresarios mencionados en esquemas de empresas offshore.
Estrategia legal y el historial de fallos adversos para Grupo Salinas
El camino procesal de este amparo en revisión (492/2023) ha estado marcado por una serie de recursos legales interpuestos por la defensa del empresario, lo que ha dilatado la resolución final por casi tres años. Recientemente, el equipo legal de Salinas Pliego presentó argumentos contra la causa de improcedencia planteada por el ministro ponente y solicitó que sus razonamientos sean respondidos de forma expresa en la sesión. A pesar de victorias parciales, como el impedimento logrado contra la ministra Lenia Batres por falta de imparcialidad, el contexto judicial para el magnate es complejo: en lo que va de 2026, la SCJN ha resuelto nueve juicios fiscales en contra de sus empresas, confirmando adeudos que ascienden a casi 49 mil millones de pesos.
