En una jornada marcada por intensos debates y descalificaciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general las reformas a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales. Este conjunto de modificaciones, conocido como el "plan B" de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca transformar la administración de los recursos en los niveles local y estatal bajo el estandarte de la austeridad republicana. Tras cuatro horas y media de discusión, la minuta del Senado fue ratificada sin alteraciones con 377 votos a favor y 102 en contra.
Consolidación de un nuevo bloque mayoritario en San Lázaro
La votación reflejó un cambio en la dinámica legislativa, pues a las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sumó Movimiento Ciudadano (MC). A pesar de haber emitido críticas previas sobre el alcance de estas medidas, los legisladores de MC terminaron respaldando la iniciativa. En la acera opuesta, el bloque conformado por el PAN y el PRI mantuvo su rechazo, argumentando que los ahorros proyectados son insignificantes frente al gasto público destinado a los proyectos prioritarios del Ejecutivo Federal.
Límites presupuestales para los congresos locales
Uno de los puntos centrales de la reforma afecta directamente al artículo 116 de la Carta Magna. La nueva disposición establece que los congresos de las entidades federativas no podrán ejercer un presupuesto mayor al 0.70 por ciento del gasto total de cada estado. No obstante, este punto generó controversia incluso entre los proponentes; el diputado Amadeo Espinosa Ramos admitió que el gasto actual ya se sitúa en un 0.73 por ciento, lo que significa que el ajuste real será de apenas un 0.03 por ciento respecto a los 3.2 billones de pesos presupuestados a nivel nacional.
Tope salarial a autoridades electorales y reducción de cabildos
La reforma también impacta la estructura salarial y administrativa en materia electoral y municipal. Mediante la modificación al artículo 134, se decreta que ningún consejero o magistrado electoral, ya sea federal o local, podrá percibir una remuneración superior a la de la Presidenta de la República. Paralelamente, los cambios al artículo 115 limitan a un máximo de 15 el número de regidores por ayuntamiento. Según la defensa de la enmienda, estas medidas buscan desmantelar estructuras de privilegio y garantizar que los cabildos operen de forma funcional con un gasto corriente reducido.
Austeridad como principio ético del ejercicio público
Desde la tribuna, el bloque oficialista defendió que estas acciones son necesarias para institucionalizar la ética en el uso del dinero público. Se argumentó que la reforma permitirá romper con distorsiones históricas en el manejo de las finanzas estatales que favorecieron a las élites políticas. Mientras la mayoría celebra la instauración de este nuevo paradigma administrativo, la oposición advierte que el impacto financiero es mínimo y que el debate legislativo se vio empañado por la rispidez, dejando de lado un análisis técnico más profundo sobre la operatividad de los gobiernos locales.
