México y la UE Inauguran una era de Cooperación Estratégica
Un nuevo capítulo diplomático fundado en valores compartidos y el orden multilateral

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó ayer una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, declarándolo responsable internacional de la tortura, violación sexual y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, agredida por militares en la Sierra de Zongolica en 2007.
Los Hechos: Violencia y Omisión Estatal
El tribunal internacional acreditó que el 25 de febrero de 2007, miembros del Ejército Mexicano, instalados en un campamento cercano a la vivienda de la víctima en Tetlalzinga, atacaron a la señora Ascencio. La Corte fue contundente al calificar la violación sexual como un acto de tortura, señalando que fue una agresión intencional con el fin de degradar y humillar a la víctima.
Asimismo, se documentó un "viacrucis" médico:
El Papel de las Autoridades: Estereotipos y Desinformación
La sentencia critica severamente la actuación del Gobierno federal de aquel entonces. La Corte concluyó que la investigación fue cerrada de forma prematura y estuvo viciada por estereotipos de género, étnicos y de edad.
El tribunal señaló que altos funcionarios, incluido el entonces Presidente de la República (Felipe Calderón), quien aseguró que la muerte de la anciana se debió a una “gastritis crónica no atendida”, replicaron versiones que revictimizaron a la señora Ascencio y a su familia, creando un clima de "descreimiento" que obstaculizó el acceso a la verdad y la justicia durante 18 años.
Medidas de Reparación Obligatorias
Para resarcir el daño y evitar la repetición de estos hechos, la Corte IDH ordenó a México cumplir con las siguientes disposiciones:
Un Precedente para los Pueblos Originarios
Este fallo no solo reconoce la dignidad de Ernestina Ascencio, sino que obliga al Estado mexicano a reformar sus protocolos de actuación en territorios indígenas y garantiza que la lengua materna nunca vuelva a ser una barrera para recibir atención médica o defensa legal.