Elección del Poder Judicial Hasta Junio de 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará iniciativa para unificar casillas con los procesos ordinarios, simplificar boletas y reducir el número de aspirantes

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que remitirá una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión con el objetivo de reprogramar los comicios del Poder Judicial, trasladando la fecha originalmente contemplada para 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto en el ámbito federal como en el estatal. El proyecto contempla además una reestructuración integral de la boleta electoral para facilitar el sufragio y asegurar una participación ciudadana más ágil y transparente.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal detalló que este ajuste busca evitar complicaciones logísticas para el electorado. Explicó que mantener el proceso en 2027 obligaría a los ciudadanos a trasladarse a casillas distintas para elegir a sus representantes locales (gobernadores, alcaldes y diputados) y luego a otras sedes para votar por los juzgadores. Con el cambio a 2028, la votación judicial coincidirá geográficamente con la eventual consulta de revocación de mandato de ese mismo año, compartiendo casillas y ubicaciones.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, precisó que tras esta modificación los procesos venideros mantendrán su naturaleza concurrente con las elecciones ordinarias programadas para 2030, 2033 y 2036, permitiendo la renovación paulatina de las vacantes que se vayan presentando.

Filtros de selección, boletas sencillas y cargos a renovar en la jornada de 2028

De acuerdo con el desglose del proyecto, en 2028 las y los mexicanos elegirán un robusto cuerpo de servidores públicos que incluye a 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. En la esfera local, la renovación abarcará 424 magistraturas y 2 mil 831 juzgados distribuidos en 25 entidades federativas.

Para agilizar el proceso y evitar boletas saturadas, el Gobierno Federal planea disminuir el número de candidaturas. Se conformará una Comisión Coordinadora Única —con representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— que unificará criterios para evaluar las aptitudes de los aspirantes. Este órgano seleccionará a los cuatro perfiles con los puntajes más altos y, posteriormente, mediante una tómbola pública que garantice la paridad de género, se reducirá la lista a solo dos candidatos por puesto.

La boleta electoral también sufrirá cambios para volverse más legible. El diseño permitirá a los votantes elegir a un juez y un magistrado por cada área de especialidad jurídica, distinguiendo claramente qué Poder postuló a cada persona e identificando con precisión a los juzgadores en funciones que busquen la reelección. Para hacer esto operativo, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de realizar una división territorial en los distritos judiciales requeridos.

Homologación en los estados y nuevas directrices operativas para el sistema de justicia

La propuesta del Ejecutivo Federal obliga a los poderes judiciales de los estados a replicar este modelo normativo. Las entidades federativas deberán adoptar los Comités de Evaluación unificados, el método de insaculación, la reducción de nombres en las boletas, la fiscalización de desempeño durante el primer año de funciones y los esquemas de formación obligatoria dictados por los Tribunales de Disciplina locales en conjunto con la Escuela Judicial.

Entre las modificaciones complementarias de la reforma, se establece que las mesas de votación judicial y las tradicionales se ubicarán en el mismo sitio, bajo la estricta condición de que los representantes de los partidos políticos no tengan intervención alguna en los asuntos judiciales. Adicionalmente, las actividades de escrutinio y cómputo se efectuarán directamente en las casillas donde se emitieron los votos.

Finalmente, el proyecto propone adelantar tres meses la emisión de la convocatoria general del Senado —pasando de septiembre a abril del año previo a la elección— para dotar de mayor tiempo a las comisiones evaluadoras. En el plano operativo interno, cuando ocurra la baja de un juzgador por deceso, renuncia o remoción, la plaza se mantendrá libre hasta los siguientes comicios en vez de asignarse al segundo lugar. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habilitará dos secciones especializadas para resolver asuntos de menor cuantía, agilizando el desahogo de expedientes en el Pleno.