1. Cambio de postura tras señalamiento presidencial
En un giro significativo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, se desmarcó de la imputación de terrorismo que la Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene contra un reportero de nota roja en Coatzacoalcos. Esta declaración ocurre apenas unas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente la desproporción del cargo, señalando que se trata de una acusación sin precedentes en el país para casos similares.
2. "En Veracruz no hay terrorismo"
A diferencia de sus declaraciones iniciales, donde respaldó el actuar de la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez, la mandataria estatal fue tajante en su nuevo discurso: “En Veracruz no hay terrorismo”. Con esta afirmación, la gobernadora invalida el uso de dicha figura jurídica en el expediente del comunicador, reconociendo implícitamente que la interpretación del Código Penal fue forzada.
3. Propuesta de Reforma al Código Penal
Como consecuencia de esta controversia, Nahle García planteó la necesidad de realizar una reforma al Código Penal del Estado. El objetivo sería corregir y acotar el uso de la figura de terrorismo para evitar que sea utilizada en contextos que no corresponden a su naturaleza, admitiendo así que el marco legal actual permitió un exceso ministerial.
4. Situación jurídica del periodista
A pesar de la rectificación política sobre el cargo de terrorismo, el panorama para el reportero sigue siendo complejo:
Línea del Tiempo del Conflicto Jurídico
| Momento | Postura Oficial | Acción Clave |
|---|---|---|
| Inicio del caso | Respaldo total a la FGE. | Se imputa el delito de terrorismo al reportero. |
| Reacción Federal | Crítica por desproporción. | Claudia Sheinbaum cuestiona el uso del delito. |
| Actualidad | Deslinde y negación del delito. | Rocío Nahle anuncia reforma al Código Penal. |
| Próximas horas | Rectificación ministerial. | Se espera la modificación del auto de vinculación. |
El deslinde de la gobernadora representa una victoria política para la narrativa de la Presidencia, pero deja en entredicho la autonomía y el criterio técnico de la Fiscalía de Veracruz al sostener una acusación que ahora el propio gobierno estatal califica como inexistente en la entidad.
