La ASF Detecta Irregularidades del Gobierno de Cuitláhuac García

El saldo pendiente de la cuenta pública

Al concluir el ciclo de fiscalización del último año de gestión del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido un veredicto preliminar contundente: existen 1,896 millones de pesos en "cuentas por aclarar".

Este monto es el resultado acumulado de las tres entregas de la Cuenta Pública 2024, donde se identificaron probables daños al erario o falta de documentación comprobatoria en fondos críticos para el desarrollo social y la salud en Veracruz.

El goteo de las observaciones: De junio a febrero

La detección de estos recursos no fue inmediata, sino que se reveló de forma escalonada a lo largo de tres momentos clave de auditoría:

1. Junio 2025 (Primera Entrega): El inicio de las alarmas. Se observaron 70.3 millones de pesos con irregularidades en fondos destinados a la Educación Tecnológica y de Adultos, así como en el Fondo de Aportaciones Múltiples.
2. Octubre 2025 (Segunda Entrega): El incremento sustancial. La cifra saltó a 1,114 millones de pesos, concentrándose la mayor parte en el sector salud.
3. Febrero 2026 (Tercera Entrega): El cierre del informe. Este 16 de febrero se sumaron los últimos 712 millones de pesos observados, completando la cifra histórica para el cierre del sexenio.

Salud y Educación: Los sectores más afectados

El desglose de la ASF revela que el mayor boquete financiero se encuentra en los recursos destinados a la atención médica de los veracruzanos.

Distribución de los montos señalados:

• Sector Salud: 1,078 millones de pesos bajo observación en la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado.
• Educación y Adultos: Se cuestiona el manejo de recursos en tecnología y formación básica.
• Fondos de Aportaciones: Diversas inconsistencias en el manejo de transferencias federales directas a la entidad.

Cronología de la Fiscalización 2024

¿Qué sigue para el exgobierno estatal?

La publicación de estas observaciones no implica una sentencia inmediata de robo, sino un estado de "presunto daño patrimonial". El equipo de la anterior administración dispone ahora de un plazo legal para presentar las pruebas, facturas y registros contables que justifiquen el uso de esos casi 1,900 millones de pesos.

De no solventarse estas dudas, la ASF podría proceder con denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por peculado o desvío de recursos.

Contexto: El Gasto Federalizado son recursos que la Federación transfiere a los estados con un fin específico (etiquetados). Si el dinero se gasta en algo distinto o no hay factura que lo respalde, se considera una observación grave.