El fin de la incertidumbre laboral
En un paso decisivo hacia la justicia social, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció que, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, se ha iniciado un análisis profundo para integrar a la nómina estatal a los colaboradores conocidos como "meritorios".
Se trata de 186 personas que, durante años, han prestado sus servicios en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y diversas notarías de la entidad. Estos trabajadores han sido piezas clave para agilizar trámites administrativos, pero lo han hecho sin una relación laboral formal, seguridad social ni salario fijo.
Dignidad frente a la "dádiva"
El titular de la política interna fue enfático al señalar que el objetivo de la Mandataria es erradicar prácticas que vulneran la dignidad del trabajador y la transparencia del servicio público.
“La intención es brindarles la certeza laboral y jurídica que merecen. Queremos evitar que dependan de la 'dádiva' de la notaría o de propinas por agilizar trámites. Su incorporación nos permitirá tener un mayor control y garantizar un servicio honesto”, explicó Ahued Bardahuil.
Ruta hacia la formalización: Viabilidad y transparencia
La incorporación de estos 186 colaboradores no será arbitraria, sino que seguirá un proceso estructurado para garantizar su sostenibilidad:
Radiografía del Proyecto de Regularización
| Variable | Detalle del Proyecto |
|---|---|
| Población objetivo | 186 colaboradores meritorios |
| Dependencia | Registro Público de la Propiedad y Notarías |
| Objetivo principal | Certeza jurídica y eliminación de la corrupción (dádivas) |
| Mecanismo | Análisis de viabilidad financiera y entrevistas individuales |
| Estatus actual | Análisis exhaustivo de situación y presupuesto |
Un modelo de legalidad y control
Además del beneficio directo para los trabajadores, esta medida busca robustecer la vigilancia administrativa. Al ser empleados formales, el Estado tendrá mayor control sobre los procesos registrales, reduciendo los riesgos de gestiones externas irregulares y garantizando que el usuario reciba una atención estandarizada y profesional.
Impacto Social: Esta acción se alinea con la política de Justicia Social del gobierno estatal, transformando el servicio civil de carrera en Veracruz al reconocer el capital humano que ha sostenido la operatividad registral desde la informalidad.
