Abril de 2025

Detienen a Exrector de la UPAV y a Exadministrador

domingo, 18 de enero de 2026

Operativo Ministerial y Captura

En una acción coordinada por la Fiscalía General del Estado, este sábado fueron detenidos Sergio "N", quien se desempeñó como rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), y su colaborador cercano, Víctor de Jesús "N".

Ambos exfuncionarios fueron aprehendidos por personal ministerial tras el cumplimiento de órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones en curso. Inmediatamente después de su captura, fueron trasladados e ingresados al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.

Presentación ante la Justicia

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue la encargada de presentar a los ahora imputados ante el juez de control para dar inicio a su audiencia inicial. Durante este proceso:

  • Se les informará de manera formal sobre los delitos que se les imputan.
  • Se determinará la legalidad de su detención.
  • Se definirá si se les dicta la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Antecedentes: Una gestión de corto plazo

La detención de Sergio "N" ha generado revuelo debido a la brevedad y polémica de su paso por la rectoría de la UPAV. El historial administrativo marca los siguientes hitos:

  • Enero de 2025: Fue nombrado rector de la institución, asumiendo el liderazgo de una de las universidades con mayor alcance territorial en el estado.
  • Septiembre de 2025: Tras apenas ocho meses en el cargo, fue destituido de sus funciones.
  • Enero de 2026: Cuatro meses después de su salida, es puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Estatus Jurídico y Contexto

PersonajeCargo AnteriorSituación Actual
Sergio "N"Rector de la UPAV (Ene-Sep 2025)Detenido / Penal de Pacho Viejo
Víctor de Jesús "N"Colaborador UniversitarioDetenido / Penal de Pacho Viejo
Instancia AcusadoraFiscalía de Combate a la CorrupciónAudiencia inicial en curso

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el monto del presunto daño patrimonial o las conductas específicas que motivaron la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, manteniendo la reserva de ley para no entorpecer el debido proceso.



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