Inhabilitan a Jorge Sisniega Exadministrador de SESVER
domingo, 8 de marzo de 2026
Fallo contra la gestión administrativa
En un movimiento que sacude la estructura burocrática del estado, la Contraloría General del Estado (CGE) ha dictaminado responsabilidad administrativa contra cinco exservidores públicos de la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER). La resolución, derivada del procedimiento 031/2025, pone bajo la lupa el manejo de la dependencia durante el sexenio anterior.
La sanción principal recae sobre Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien fuera el poderoso administrador de los Servicios de Salud durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Sisniega, una de las figuras con mayor control presupuestal en ese periodo, encabeza la lista de los sancionados por omisiones o irregularidades en su desempeño.
Los nombres tras la resolución
El Órgano Interno de Control notificó las sanciones que abarcan a perfiles clave del área administrativa y política. Entre los inhabilitados se encuentran:
Jorge Eduardo Sisniega Fernández: Exadministrador de SESVER.
Juan Javier Montero Andrade: Exjefe del Departamento Administrativo.
Hanri Silva Domínguez: Químico adscrito al área administrativa.
Israel Martínez Angulo: Empleado de oficinas centrales y exsecretario de Organización de Morena.
Alcance de la inhabilitación
La resolución, firmada el 29 de enero de 2026, impone restricciones temporales que bloquean cualquier intento de retorno inmediato al servicio público o la participación en negocios estatales:
Exfuncionario
Periodo de Inhabilitación
Restricciones
Jorge Sisniega F.
4 meses
Prohibición para cargos públicos, adquisiciones y obra pública.
Facundo Valdivia C.
3 meses
Prohibición para cargos públicos y contratos estatales.
Juan J. Montero A.
3 meses
Prohibición para cargos públicos y contratos estatales.
Hanri Silva D.
3 meses
Prohibición para cargos públicos y contratos estatales.
Israel Martínez A.
3 meses
Prohibición para cargos públicos y contratos estatales.
El marco legal: Ley General de Responsabilidades
La Contraloría fundamentó esta decisión en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que implica que, durante el plazo establecido, los involucrados no podrán ser contratados por ninguna dependencia de gobierno ni fungir como proveedores o contratistas.
La notificación oficial se canalizó a través del Órgano Interno de Control de SESVER, dejando constancia de que la supervisión de los procesos internos no prescribe con el fin de una administración.
Un mensaje a la burocracia
Con esta resolución, el sistema de fiscalización del estado reafirma que la proximidad a los círculos de poder no exime del cumplimiento estricto de la norma. Mientras corre el tiempo de la inhabilitación, el caso queda como un precedente para las actuales administraciones sobre la importancia de la transparencia en el manejo de las finanzas del sector salud, uno de los más sensibles para la población veracruzana.