El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó durante su comparecencia ante el Congreso local que la administración de Veracruz se ha visto obligada a recurrir a amparos indirectos para detener la ejecución de juicios y demandas heredadas de gestiones anteriores.
El funcionario describió que el panorama jurídico estatal está saturado por laudos y demandas que no se originaron en la actual gestión, pero que continúan generando severas consecuencias legales y financieras.
Ahued Bardahuil subrayó que la actual administración ha implementado un cambio de política para defender los intereses del estado, poniendo fin a prácticas irregulares que permitían acuerdos o lo que denominó "vender los juicios" en administraciones pasadas.
