Un comunicado firmado por más de quince organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace México, CEMDA y Geocomunes, acusó al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos (Pemex) de ocultar deliberadamente un derrame de hidrocarburos de gran magnitud iniciado a principios de febrero de 2026. Las agrupaciones presentaron evidencia satelital y registros de navegación que contradicen la versión oficial, la cual situaba el origen de la contingencia en el mes de marzo y lo atribuía a causas naturales o a un buque desconocido.
Evidencia satelital vincula a Pemex con el origen del vertido
De acuerdo con la investigación de las organizaciones, el incidente comenzó el 6 de febrero sobre el ducto "OLD AK C", una línea activa de 36 pulgadas que transporta crudo desde la plataforma AKAL-C hasta Dos Bocas. Los registros indican que, del 7 al 14 de febrero, el buque especializado en reparación de ductos "Árbol Grande" permaneció estacionado exactamente sobre el punto de la fuga. Imágenes satelitales captadas durante ese periodo revelaron una mancha de petróleo que para el 19 de febrero ya cubría casi 300 kilómetros cuadrados, mientras embarcaciones de apoyo realizaban maniobras de dispersión con cañones de agua sin emitir alerta pública alguna.
Negligencia institucional y falta de alerta a comunidades costeras
La denuncia subraya que la decisión de no informar a tiempo tuvo consecuencias críticas para el ecosistema y la población. Al presentarse el desastre casi un mes después como si fuera un evento reciente, las autoridades impidieron que las comunidades pesqueras de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas se prepararan para el arribo del crudo. Para el 21 de marzo, la contaminación ya afectaba 630 kilómetros de litoral, impactando directamente el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, así como manglares, playas y zonas de pesca vitales para la economía regional.
Desmentido a la narrativa oficial de "causas naturales"
Las organizaciones calificaron como una "falsedad oficial" la versión ofrecida por el Gobierno en la conferencia del 26 de marzo, donde se responsabilizó a chapopoteras naturales y a un barco no identificado. Argumentan que la presencia de un buque especializado bajo contrato con Pemex en la zona del derrame vuelve "inverosímil" cualquier alegato de desconocimiento. Esta omisión no solo vulnera el Plan Nacional de Contingencia, sino que retrasa las acciones de remediación y diluye la responsabilidad legal de quien contamina bajo el principio de reparación del daño.
Exigencia de transparencia y rendición de cuentas
Ante la gravedad de los hechos, el bloque de organizaciones civiles —que incluye también a la Alianza Mexicana contra el Fracking y Nuestro Futuro, A.C.— exigió al grupo interinstitucional conformado por Semar, Pemex, ASEA y Semarnat un informe detallado sobre las acciones tomadas desde febrero. La demanda incluye la transparencia de los mapas de trayectoria, estudios de impacto ambiental y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República. El colectivo enfatizó que está en juego el derecho a la verdad de las comunidades y la protección de ecosistemas vulnerables frente a la opacidad institucional.
